Los juzgados laborales se inhiben en el conflicto del ERE de Qualytel
» Los primeros fallos. Las sentencias de la primera tanda de juicios remiten a los trabajadores a la vía contencioso-administrativa. Valoración. Los afectados dicen que “se siguen pasando la patata caliente”
El magistrado del Juzgado de lo Social número uno de Salamanca se ha inhibido en las demandas presentadas por los ex trabajadores de Qualytel afectados por el último ERE (Expediente de Regulación de Empleo) presentado en agosto por la empresa de teleservicios. Las primeras sentencias dictadas por el juez, que se corresponden con los litigios celebrados el pasado día 13 de noviembre, han cerrado esta vía judicial al tratarse los despidos de un ERE y remiten a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo a las 122 personas que han perdido su puesto de trabajo en este proceso. Desde la Plataforma de Afectados por los Despidos de Qualytel-Orange lamentan que el magistrado no haya atendido las denuncias de los ex empleados del ‘call center’ salmantino sobre la “irregularidad” de sus contratos, de carácter de obra y servicio, pese a formar parte de la plantilla de la compañía desde hace más de cinco años en algunos casos.
Tras declararse incompetente el juez, se abre un nuevo escenario judicial que alarga, no obstante, este conflicto laboral, algo que en todo momento han querido evitar los despedidos. Pablo Lobato, uno de los portavoces de la plataforma de afectados, replica que “mientras tenemos que seguir buscándonos la vida”. Lobato alude a los retrasos, de hasta año y medio, que acumulan los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y considera que la extensión del proceso judicial hace que “aunque nos den la razón, se pierda la esencia de defender a los trabajadores”. “Se siguen pasando la patata caliente”, subraya el portavoz de la Plataforma, tras conocer la decisión del magistrado y reconocer la dificultad de que su compañero del Juzgado de lo Social número 2, donde también han llegado varias de las denuncias de los despedidos en el último ERE, se pronuncie de diferente manera. Las esperanzas de los ex trabajadores de Qualytel, que inciden en que se han cerrado en los dos últimos meses los departamentos de Atac y Cecon, que en principio eran invulnerables al expediente regulador, estaban depositadas en que el juez entrara a valorar el contenido de un ERE que “no cumple ni los plazos ni los documentos” exigidos por ley.
La plataforma insiste en que supone una maniobra laboral de la empresa incorrecta que se tiene que “impugnar y anular”. La inhibición del magistrado se produce, precisamente, al tratarse de un expediente de regulación de empleo, algo que ya se temían los afectados. “Si no se hubiera firmado el ERE, en la vía de lo social habría soluciones, de ahí nuestra insistencia a CCOO de que no lo apoyara”, asegura Lobato, quien adelanta, no obstante, que en próximas fechas podría conocerse una sentencia al recurso de alzada presentado por CGT por la vía de lo Contencioso-Administrativo en relación con el ERE presentado en el verano de 2008. Una solución a la que se agarra una plataforma que mantiene intacta su sensación de “indefensión” en todo este conflicto.
Más de 800 trabajadores forman parte de la plantilla de Qualytel en la actualidad. Una empresa que se ha dado a conocer en la ciudad, más que por el volumen de empleados, -entre las más grandes de la provincia- por los despidos que ha llevado a cabo en los dos últimos años y que han dejado en la calle a cerca de 900 personas.
El viceconsejero de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Ariznavarreta, estuvo ayer en Salamanca para participar en unas jornadas sobre prevención de riesgos laborales en autónomos y aprovechó para referirse a la petición de recolocación para los extrabajadores de Qualytel, solicitada por PP y PSOE de Salamanca. Ariznavarreta justificó la actuación de la Junta, que ha dado el visto bueno a los EREs presentados por la compañía, “porque han llegado con acuerdo” y se mostró receloso respecto a la reubicación de los afectados. “En la petición de recolocación, lo que digo es que hoy en Castilla y León son más de 170.000 las personas que están en desempleo y el servicio público de empleo trabaja para todos los desempleados de Castilla y León. Hay programas de formación y orientación y los de Qualytel tendrán ahí una participación activa y ése es nuestro marco de actuación”. De esta forma, la Junta no prevé ninguna actuación concreta para los ex trabajadores de Qualytel, y espera que “la situación económica remonte y consiga nuevos contratos que demanden nuevos trabajadores”.
Los grupos mayoritarios, de acuerdo con el espíritu de la iniciativa presentada por el PSOE, consensuaron finalmente la propuesta de resolución presentada por el Grupo Popular que se dirige tanto a la Administración estatal como a la autonómica, en el ámbito de sus competencias, teniendo en cuenta que la Junta de Castilla y León viene demostrando una efectiva preocupación por la situación de la empresa y el empleo de los trabajadores.
Los trabajadores queremos justicia, nos sentimos desprotegidos, manejados y engañados por el sistema, hemos depositado toda nuestras esperanzas en la vía judicial, y una solución dentro de 2 ó 3 años... nos dará la razón, pero dejará de ser justicia para quienes tienen que pagar todos los meses una hipoteca y mantener una familia.
Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE pactaron ayer instar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España para que "ante la gravedad del drama del paro" estudien y hagan "todo lo que esté en su mano" para la recolocación de los trabajadores de la empresa Qualytel de Salamanca, cuyos expedientes de regulación de empleo han dejado sin trabajo a 800 personas. 
Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE pactaron ayer instar a la Junta y al Gobierno central para que "ante la gravedad del drama del paro" estudien y hagan "todo lo que esté en su mano" para la recolocación de los trabajadores de Qualytel, cuyos expedientes de regulación de empleo han dejado sin trabajo a 800 personas. El PSOE había planteado una Proposición no de Ley instando a la Junta a la elaboración de un plan de viabilidad para la recolocación de estos empleados, si bien finalmente aceptó la enmienda de sustitución formulada por la popular Arenales Serrano, en la que se proponía incluir al Gobierno central en esta labor y que finalmente fue apoyada por el socialista Emilio Melero, que fue quien defendió la propuesta en el pleno celebrado ayer en la ciudad de Valladolid.
Hoy miércoles día 25 a las 11:30 horas, una representación de la Asamblea de Afectados por los Despidos de Orange-Qualytel, junto a representantes sindicales de UGT y CGT, han acudido a una nueva sesión plenaria en las Cortes de Castilla y León en la cual se ha aprobado por unanimidad (76 votos a favor y ninguno en contra) una Proposición no de Ley presentada por el procurador socialista D. Emilio Melero, basada en un plan de viabilidad y recolocación de los trabajadores despedidos de Qualytel.
Los grupos parlamentarios del PP y el PSOE han pactado este miércoles en las Cortes de Castilla y León instar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España para que "ante la gravedad del drama del paro estudien y hagan todo lo que esté en su mano para la recolocación de los trabajadores de la empresa Qualytel". Y es que la compañía de servicios telefónicos ha despedido durante el último año a 800 personas entre finalización de contratos y expedientes de regulación de empleo. 
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirmó la improcedencia de los despidos sufridos por los trabajadores del centro de Sitel-ONO en Boecillo a finales del mes de enero del presente año, desestimando así el recurso de suplicación interpuesto por Cableuropa Ono, según informaron a Europa Press fuentes de CGT, cuya asesoría jurídica representó a 150 del total de 300 afectados. Dicha organización sindical asegura haber recibido las primeras sentencias del TSJCyL en la que éste ratifica la improcedencia de los despidos, en sintonía que las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de Valladolid, cuyos titulares fallaron a favor de los trabajadores del centro sito en el Parque Tecnológico de Boecillo, donde atendían el Servicio de Atención al Cliente para la operadora Cableuropa S.A.U., más conocida como ONO. 
El conflicto de qualytel ya ha saltado hasta los juzgados salmantinos. Ayer, a partir de las nueve y media de la mañana, se celebraron los 19 primeros juicios de demandas de ex trabajadores contra la empresa de teleservicios por el último ERE (Expediente de Regulación de Empleo) aplicado en el pasado mes de agosto con 122 rescisiones de contratos de obra y servicio. “Hay esperanza desde el momento en que el juez ha entrado a escucharnos, motivos suficientes existen para enjuiciar”, subraya en declaraciones a este periódico Pablo Lobato, uno de los portavoces de la Asamblea de Afectados por los Despidos de Orange-qualytel. Entre los antiguos empleados de la compañía, existía aún hasta ayer el temor de que el juez no quisiera entrar a valorar el ERE “y nos remitiera a la vía contenciosa-administrativa, y no ha ocurrido así”. Este camino judicial alternativo “es muy factible que se ganara pero, ¿de qué nos sirve una sentencia dentro de dos o tres años cuando ya la gente tendrá que haberse buscado la vida?”, se cuestiona Lobato.
Tras la concentración que tuvo lugar ayer, 13 de noviembre, en la Plaza de Colón, frente a los juzgados, se han desarrollado los primeros 19 juicios de los casi 80 ex-trabajadores que han denunciado a Qualytel Teleservices.
El Juzgado de lo Social número 1 de Salamanca acogió ayer la celebración de los primeros juicios de afectados por los últimos despidos de Qualytel —el miércoles se produjo el primero—, con 19 ex trabajadores implicados. La demanda de estos empleados denuncia que la compañía incumplió la legislación en materia laboral, puesto que la mayoría tenían contratos de obra y servicio después de varios años en la compañía de telemárketing.
Los 70 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo aprobado en verano por Qualytel y que han optado por denunciar a la empresa comenzaron ayer a peregrinar hasta los juzgados. Los tribunales de lo Social empezaron ayer a valorar la situación contractual de los denunciantes que, aseguran, constituía un rotundo "fraude de ley". Trece ex empleados, defendidos por tres letrados, acudieron ayer a la plaza de Colón. Otros tantos lo harán los días 25 y 26 y así hasta el próximo 14 de diciembre, cuando comparezcan ante la justicia los últimos damnificados por el polémico ERE de la firma de telecomunicaciones. 
La Plataforma de afectados por los despidos de Orange-Qualytel realizó ayer un balance de sus tres meses de movilizaciones en busca de soluciones a su situación, en los que se han entrevistado con instituciones, partidos políticos y diversas asociaciones, en los que han recibido, según reconocieron, “apoyo y solidaridad”, pero sin respuestas. Los trabajadores acusaron a la Junta de Castilla y León de haber sido permisiva con la compañía a la hora de resolver el Expediente de Regulación de Empleo. “El director general de Trabajo, Miguel Ángel Díez Mediavilla, nos hizo hincapié en que en futuros EREs van a ser más exhaustivos, lo que quiere decir que con los nuestros no lo han sido y se lava las manos y nos recomienda que vayamos a la vía social y administrativa”, explicó Lidia Cancio. En su opinión, la Junta dio el visto bueno tras la aprobación por parte de la Inspección de Trabajo, que sólo valoró el hecho de que el sindicato mayoritario, CCOO, firmó el acuerdo con la compañía, según añadió Cancio.
El último conflicto laboral en Qualytel, saldado en el pasado mes de agosto con un ERE de extinción de 122 empleos, saltará el próximo viernes hasta los juzgados. Allí, la Asamblea de Afectados por los Despidos de Qualytel ha convocado una concentración para apoyar a los primeros compañeros que se verán las caras con la empresa tras perder sus puestos de trabajo. A partir de las 09.30 horas, los Juzgados de lo Social de la plaza de Colón vivirán una frenética mañana en la que se celebrarán trece juicios de antiguos trabajadores de la empresa afectados por el último ERE. "Tenemos puestas en ellos todas nuestras esperanzas", admite Lydia Cancio, una de las portavoces de la asamblea, creada el 14 de agosto, apenas un día después de conocerse las primeras restricciones de contratos en los departamentos de telefonía fija de Orange y de venta de la aseguradora Ace.
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La Consejería de Economía y Empleo estudiará la fórmula para buscar una alternativa a los trabajadores despedidos por Qualytel. Así lo transmitió ayer el director general de Trabajo, Miguel Ángel Díez Mediavilla, según los representantes de la Asamblea de Afectados por los Despidos de Orange-Qualytel, durante la reunión celebrada ayer en Valladolid. En el encuentro, de una hora y media de duración, el director de Trabajo se comprometió a trasladar al consejero de Economía, Tomás Villanueva, la necesidad de que la Junta sea más rigurosa en la aprobación de futuros expedientes de regulación de empleo, dadas las consecuencias que conllevan, y dadas las características de los EREs llevados a cabo por Qualytel, dijo Pablo Lobato, portavoz de la Asamblea, al término de la reunión.
