Mazazo a ONO-Sitel

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia condenatoria contra ONO-Sitel que en primera instancia se falló a favor de los trabajadores injustamente despedidos, y que las empresas codemandadas recurrieron. A continuación, transcribo la noticia sacada de El Dia de Valladolid digital sobre los hechos:


El TSJ también considera improcedentes los cerca de 300 despidos de Sitel
» Las negociaciones que mantenía la Junta con unas cinco empresas para la recolocación de los afectados no han llegado a buen puerto

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) confirmó la improcedencia de los despidos sufridos por los trabajadores del centro de Sitel-ONO en Boecillo a finales del mes de enero del presente año, desestimando así el recurso de suplicación interpuesto por Cableuropa Ono, según informaron a Europa Press fuentes de CGT, cuya asesoría jurídica representó a 150 del total de 300 afectados. Dicha organización sindical asegura haber recibido las primeras sentencias del TSJCyL en la que éste ratifica la improcedencia de los despidos, en sintonía que las resoluciones dictadas por los juzgados de lo social de Valladolid, cuyos titulares fallaron a favor de los trabajadores del centro sito en el Parque Tecnológico de Boecillo, donde atendían el Servicio de Atención al Cliente para la operadora Cableuropa S.A.U., más conocida como ONO.

En todos los casos, se justificaba la improcedencia de los despidos en la existencia de una «cesión ilegal» de trabajadores entre las dos compañías codemandadas.

La confirmación de las improcedencia de los despidos supone que las empresas codemandas tienen la posibilidad de elegir entre readmisión o bien indemnización, a razón de 45 días por año trabajado.

Según confirmaron fuentes de CGT a este periódico, el sindicato ya ha recibido las sentencias correspondientes a dos grupos de afectados que suman una docena de personas. «Una vez que se dicta una sentencia de este tipo, el resto son iguales», señala Marta Largo, representante de CGT.
Ahora la empresa tiene un plazo de diez días para recurrir al Tribunal Supremo. De no ser así, los cerca de 300 afectados podrán cobrar una indemnización de 45 días por año trabajado y no de ocho, como les ha abonado la empresa al considerar que se trataba de un contrato de obra y servicio.

Por otro lado, las negociaciones que mantenía la Junta de Castilla y León con algunas empresas de cara a conseguir la recolocación de los trabajadores despedidos no han llegado a buen puerto. De hecho, a mediados del mes pasado representantes del Gobierno regional mantuvieron una reunión con los ex trabajadores para darles esta noticia. Durante los meses posteriores a los despidos la Junta había mantenido contactos con firmas Telecyl, Reintegra o Casturtel.